En abril de 1994, Ruanda sufrió cien días de violencia, dirigida contra la población tutsi y los hutus moderados. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas fue parte central de la estrategia genocida. En 1996, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU calculó que durante el genocidio se habían cometido entre 250.000 y 500.000 violaciones. Muchas de las víctimas fueron violadas en las barricadas levantadas por las milicias de jóvenes interahamwe o fueron retenidas como prisioneras sexuales a cambio de protección temporal contra el ejército y las mencionadas milicias. El Ejército Patriótico Ruandés también cometió abusos sexuales y otros actos de violencia durante su avance militar –a veces como represalia contra la población hutu– así como en los meses y años posteriores al genocidio. Miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (el actual ejército ruandés), las fuerzas de seguridad y las milicias no remuneradas siguen perpetrando actos de violencia sexual y forzando a mujeres al matrimonio. La inmensa mayoría de los delitos de violencia sexual han quedado impunes. Tales delitos ocurren en un contexto en el que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una constante, especialmente en lo que respecta al derecho consuetudinario.
Por regla general, las consecuencias del genocidio y la guerra han afectado de forma particular y con especial severidad a las mujeres y las niñas. Las mujeres que tienen dificultades para acceder a la asistencia médica siguen muriendo de enfermedades relacionadas con el VIH/sida, contraído en algunos casos a consecuencia de violaciones sufridas durante el genocidio y el conflicto armado de 1994.
Las mujeres violadas y sus familiares se enfrentan a una vulneración de los derechos humanos que deviene en nuevas injusticias: puede ocurrir que las sobrevivientes de actos de violencia sexual hayan contraído el VIH/sida, hecho que a menudo las estigmatiza a ellas y a sus familiares y que puede traerles consecuencias como la pérdida del empleo, problemas para hacer valer su derecho a la propiedad y la pérdida de sus derechos civiles y políticos. Con frecuencia, los hijos de personas afectadas de VIH/sida quedan en la indigencia tras perder a sus progenitores. Estos niños pueden verse obligados a deambular por las calles como vendedores ambulantes o, simplemente, encontrarse sin hogar, expuestos a sufrir violaciones o a dejarse arrastrar a actividades de prostitución para obtener comida o dinero.
AVEGA, asociación que defiende los derechos de las viudas del genocidio, calcula que casi el 70 por ciento de las mujeres violadas durante el genocidio contrajeron el VIH, y que el 80,9 por ciento de las que sobrevivieron los actos de violencia cometidos durante el genocidio siguen traumatizadas. Aunque no todos los casos de VIH/sida entre sobrevivientes de violación pueden atribuirse a estos actos de violencia sexual, las violaciones masivas cometidas durante 1994 contribuyeron significativamente a la propagación del virus en Ruanda, ya que durante ellas hubo, según se cree, un elevado índice de transmisión del VIH.
Los asesores sobre esta cuestión en Ruanda calculan que el número de pacientes que necesitan ser tratados con agentes antirretrovirales para prolongar su vida oscila entre los 50.000 y los 100.000. Según el Plan gubernamental ruandés de asistencia y tratamiento del VIH/sida para el periodo 2003-2007 (desarrollado junto con la Fundación William J. Clinton), en enero del 2004, sólo unos 2.000 ruandeses estaban recibiendo terapias antirretrovirales. Cada año mueren de sida unos 50.000 ruandeses. Se calcula que, al acabar el 2004, entre 3.000 y 5.000 ruandeses estarán recibiendo este tipo de terapia. Otras modalidades de apoyo a personas afectadas de VIH/sida, como la ayuda alimentaria, otras formas de atención médica, la vivienda, las ayudas para la educación y la seguridad personal, brillan por su ausencia, y son necesarias para aligerar la carga de estos enfermos, de sus familiares y de quienes los atienden.
Diez años después del genocidio, las consecuencias de la violencia siguen sin abordarse de forma adecuada, tanto por parte de la comunidad internacional como del gobierno ruandés. Los sobrevivientes de actos de violencia aún siguen pidiendo asistencia médica, y tanto ellos como los familiares de las víctimas claman por una justicia que tarda en llegar. Los esfuerzos del gobierno ruandés por proporcionar información y ayuda a las personas afectadas de VIH/sida se han visto socavados por la actuación de los mecanismos de distribución, como algunas asociaciones de afectados por la enfermedad que han cedido a la injusticia y la corrupción. El gobierno de Ruanda, con la ayuda de la comunidad internacional, debe garantizar que la lucha contra la estigmatización de los afectados de VIH/sida y el apoyo a éstos forman parte esencial de su estrategia para combatir la propagación de la enfermedad. Asimismo, es necesario hacer un esfuerzo especial de amplio alcance para atender las necesidades de los hijos de personas afectadas de VIH/sida, antes y después de la muerte de sus padres.
Invertir en la mejora equitativa de la asistencia médica y de otras formas de apoyo a las personas afectadas de VIH/sida y sus familiares es esencial para el futuro de Ruanda, y constituye una parte importante de la reparación debida a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El gobierno de Ruanda, con la ayuda de la comunidad internacional, debe asimismo tomar medidas para abordar el problema siempre actual de la violación en el país, proporcionando a las víctimas, entre otras cosas, un tratamiento postcoital integral y humanitario. Deben asignarse recursos, según criterios de eficacia e imparcialidad, a las personas afectadas de VIH/sida que necesiten ayuda, sin discriminación de ningún tipo. A la hora de formular programas y estrategias gubernamentales, tanto nacionales como locales, se debe consultar a los afectados por la enfermedad y tener en cuenta sus necesidades y puntos de vista.
Es preciso redoblar los actuales esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres, dando prioridad, entre otras cosas, al procesamiento de los presuntos autores de delitos de violencia sexual. Los cambios introducidos en las leyes para promover los derechos de las mujeres deben reflejarse en la realidad en cambios del derecho consuetudinario que respalden los derechos de las mujeres ruandesas.
Para Leer el documento completo "Marcadas Para Morir" Sobrevivientes de Violacion, afectadas de VIH/Sida, visita: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR47/007/2004/es/5f03b63a-d5f7-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/afr470072004es.html
