Por Alesia Martinez
Timotea, cuentan los mayores, murió de susto. Aquel marzo de 1982 el Ejército había llegado a su casa, situada en un remota aldea del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Colgada de una viga, los militares la torturaron y abusaron de ella, con la intención de sonsacarle dónde se había escondido su marido. Don Cruz todavía conserva nítido el recuerdo de aquel día en plena guerra, cuando su esposa le explicó en achí que le había sucedido algo terrible mientras él estaba fuera. Aunque la dejaron libre, el trauma por lo ocurrido y el miedo a que los hechos se repitieran, terminaron con su vida en 15 días. Se trata de una de las más de 250.000 personas fallecidas que dejó como saldo el conflicto armado interno en Guatemala y una de las más de 5000 mujeres que fueron víctimas de la violencia de género durante la guerra.
El fuerte machismo presente en la sociedad guatemalteca fue un elemento central de la represión durante ese periodo, llegando a límites extremos entre 1979 y 1983, época en la que en este país se cometieron el mayor número de violaciones de derechos humanos. La violación sexual, como método de tortura dirigido específicamente hacia la mujer, fue utilizado en contextos de detenciones para la consecución de información, así como previamente a las masacres y a las operaciones de tierra arrasada.
Rabinal, lugar donde queda ubicada la aldea Canchún, fue una de las regiones más golpeadas, existiendo diferencias de perfil entre el ámbito urbano, donde las violaciones se perpetraron más selectivamente, y el rural, donde éstas adquirieron un carácter rutinario y masivo en contra de la comunidad indígena maya. Algunas de las víctimas sobrevivieron, en cambio otras voces, como la de Timotea, callaron para siempre. Testigo mudo de un pasado todavía presente, hasta hace pocos días sus restos todavía reposaban bajo un árbol de flor de Izote plantado 28 años atrás como señal.
“¿Porqué quiere usted que se realice esta exhumación?” Tras un segundo de reflexión Don Cruz responde pausadamente: “Porque aunque yo rehice mi vida y me volví a casar, quisiera que ella fuera enterrada dignamente, morir sabiendo que su cuerpo por fin estará junto con el de sus familiares”. Horas más tarde la excavación dejaba a la vista el esqueleto polvoriento y silencioso de una mujer. Uno a uno, sus huesos fueron identificados, contados y trasladados a bolsas especiales, preparados para ser transportados a los laboratorios que la Fundación de Antropología Forense tiene en la capital, donde serán sometidos a las pruebas de ADN.
Es éste el previo paso al cierre de un proceso particular de duelo enmarcado dentro de una necesidad general en Guatemala que demanda lograr la reconciliación nacional a través la recuperación de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno en este país.
Justicia versus Impunidad
La violencia sexual, especialmente en tiempos de guerra, es un mecanismo de control y de dominio, una manifestación de poder y de agresión que busca humillar, degradar y someter a las víctimas. A día de hoy, no se cuestiona la veracidad de estos hechos ni la atribución de su autoría. Sin embargo, 14 años después de que se firmaran los Acuerdos de Paz en Guatemala, ninguno de estos delitos ha sido todavía procesado ni condenado penalmente, pese a que el Derecho Internacional establece que por mucho tiempo que haya pasado desde que fueran acometidos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
“La total impunidad existente es una prueba más que demuestra el grado de implicación que tuvo el Estado guatemalteco en estos hechos, reforzando la idea de que la mayor parte de las violaciones no fueron perpetradas por casualidad, si no que formaron parte de una política institucional de terror premeditada”, afirma una de las fiscales de este Tribunal de Conciencia, la abogada Juana Balmaceda Ripero.
Gran parte de estas mujeres, y de sus familiares, siguen con vida y, a través de las organizaciones de derechos humanos, han empezado a exigir justicia. El resarcimiento económico y moral por lo sucedido, afirman, es imprescindible en el proceso de dignificación de las víctimas. Solo así podrá haber una verdadera reconciliación nacional. Pasado, presente y futuro forman parte de un continuo donde el actual clima de impunidad contribuye a perpetuar la violencia contra la mujer, violencia que sigue siendo patente en la perpetuación de las mismas dinámicas hoy en día, especialmente durante los desalojos de tierras en las comunidades campesinas. Ello ocurre en el seno de una sociedad tradicionalmente patriarcal donde las relaciones de género han estado – y lo siguen estando – profundamente desequilibradas.
Según el informe “Femicidio y Violencia contra la Mujer”, publicado recientemente por la Procuradoría de Derechos Humanos (PDH), “se puede afirmar que el Estado de Guatemala tiene una génesis estructural misógina que no permite avanzar y afrontar el femicidio bajo las obligaciones adquiridas en la Constitución Política, los compromisos asumidos en las Convenciones y Tratados en materia de derechos humanos de las mujeres”.
A nivel internacional Guatemala es el estado sin guerra considerado como más violento. Un promedio de dos féminas mueren asesinadas diariamente y se estima que unas 600 son violadas cada año. Entre 2004 y 2009 se interpusieron casi 8000 denuncias por agresión sexual y murieron de forma violenta unas 4000 mujeres, hechos que en un 98% de los casos continúan libres de toda pena.
Lejos de disminuir, las cifras dibujan una espiral ascendente de violencia, habiendo sido el pasado año el más sangriento de la última década. Sucede en 2010, cuando las autoridades guatemaltecas celebran el décimo aniversario de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad y se ha declarado en el país “el año contra la impunidad”. Escudado tras una máscara de olvido y silencio, el Gobierno sigue eludiedo sus responsabilidades y opta por darle la espalda a la Historia, intentando no ver las conexiones presentes ni recordar la cara oscura de su propio pasado.
